Estado de alarma
El estado de alarma es un régimen de excepción contemplado en la legislación para poder afrontar situaciones graves y/o extraordinarias mediante la dotación de mayor poder al Gobierno. Así, en situaciones excepcionales o anómalas como catástrofes naturales, guerras o desórdenes públicos, el estado de alarma puede activarse para suspender, cambiar, restringir o añadir algunas medidas o derechos fundamentales con el fin de restablecer la normalidad en la sociedad.
En el caso de España, el Gobierno puede declarar el estado de alarma a nivel nacional (según las facultades otorgadas por el artículo 116.2 de la Constitución) cuando se produzca una alteración grave de la normalidad. Para su declaración es necesario hacerlo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días e informando al Congreso de los Diputados ya que sin su autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.
Por otra parte, en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, queda establecido que, cuando el estado de alarma sea declarado, el Gobierno puede limitar la circulación durante franjas horarias y por determinados lugares, intervenir industrias, limitar uso de servicios, requisar temporalmente bienes y, en definitiva, impartir diferentes órdenes con el fin de volver a recuperar el orden y la normalidad previa.
Estado de alarma en España
En España el estado de alarma ha sido decretado un total de cuatro veces, siendo la primera en 2010 cuando se produjo la crisis de los controladores aéreos. En 2020 y a causa de la pandemia Covid-19, el estado de alarma fue declarado un total de tres veces: desde mayo a junio en todo el país, en octubre en Madrid y a nivel nacional en el mismo mes. Fue exactamente el 14 de marzo de 2020 cuando el Gobierno declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional como medida de emergencia para mitigar los daños provocados y expansión del virus SARS-CoV.
Durante el periodo en el que el estado de alarma estuvo activo, se limitó la libre circulación de las personas, se regularon los horarios y condiciones de apertura de la hostelería y lugares de ocio, se priorizó el trabajo a distancia y se suspendió la actividad escolar presencial, entre otras medidas cuyo objetivo era proteger la salud de la sociedad y limitar la progresión de la enfermedad.